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Siguiente amenaza: la privatización de las cárceles

22 set.

barrotes-manos-carcel-537x350En el que parece imparable camino de la privatización de todo lo público se extiende hacia Europa el modelo de cárceles gestionadas por la empresa privada y subcontratadas por el Gobierno. De hecho, ya existen en el Reino Unido y, casi sin ruido, en Catalunya -única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias- se han dado tímidos pasos. Así lo ve Paula Gallego Fernández:

“La situación actual de las cárceles es compleja, partiendo de la situación de los trabajadores que están siendo sustituidos por empledos procedentes de las empresas de seguridad privada. Esto se está desarrollando mediante un plan que daba comienzo a finales de verano en 21 cárceles, alegando falta de presupuesto para crear 1800 nuevas plazas de funcionarios se deciden por la contratación para el desarrollo de “tareas auxiliares”. En este caso hay que recordar que las tareas de los funcionarios no son solo la vigilancia y custodia sino que también serán los médicos, ATS, educadores, psicólogos y demás personal que están para la defensa y cumplimiento de los derechos de l@s pres@as, cosa para la que no están preparados esos nuevos trabajadores.

Quatre Camins. Foto: Zé Moreira

Quatre Camins. Foto: Zé Moreira

El lugar paradigmático en España de este modelo esta en Cataluña, el centro de Can Brians, que tiene las competecias de alimentación y una parte de la vigilancia cedidas a empresas privadas contratadas. Aunque está claro que los más perjudicados son l@s propi@s pres@s, que ven como sus derechos se van mermando y sus condiciones de vida en los penales se van endureciendo, al reducir las horas de atención médica, la cantidad de educadores y orientadores, y hasta de comida (al recortar en los gastos de catering, por ejemplo quitando las meriendas). En realidad, no es que no exista la posibilidad de adquirir muchas de las cosas que antes suministraba la administración (o incluso la familia), sino que ahora para poder tenerlos basta con comprarlos en el economato(…) En la vida diaria de una persona reclusa para que su comida esté aliñada, necesita dinero. Ha necesitado dinero hasta para beber agua potable (ya que la de los grifos no lo és y son frecuente las diarreas y enfermedades gastrointestinales). De hecho la situación (…) es de dependencia completa de la ayuda del exterior, sobre todo económica, ya que cada vez existen más restricciones para que familia y amigos envíen materiales (por ejemplo no se pueden entrar edredones, abrigos almohadillados, bolígrafos, comida…), ya que todo ello se puede comprar dentro. Es decir, que una persona que no cuente con alguien que le envíe dinero semanal, quincenal, o mensualmente, se verá tremendamente desvalida ante la imposibilidad de alimentarse correctamente o simplemente de poder abrigarse…”

El tema de “mercantilizar” el régimen carcelario no es nuevo, pero lo retomaba este verano la periodista Anahi Rubin, explicando su origen, en los años 80, cuando el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a distintas empresas: “En 1983 Jack Massey, creó la primera empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of América (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, compañía que sería comprada por el Grupo Geo, la segunda empresa más grande del complejo industrial carcelaria.

CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, con ganancias de 1700 millones de dólares, el Grupo Geo por su parte posee 65 prisiones, alberga a 65 mil 700 detenidos y una ganancia anual de 1600 millones de dólares. Además estas empresas cotizan en bolsa, lo que aumentan sus ganancias. La industria carcelaria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora del gobierno del republicano Ronald Reagan. Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres, con el tiempo se fueron extendiendo a los estados del sur, lindantes con la frontera mexicana.”

La ubicación de las cárceles privadas no serían pues ajenas a los obstáculos con los que topa la promulgación de leyes de inmigración menos duras. También la administración demócrata de Bill Clinton -con la complicidad de congresistas del sur- logró endurecer dichas leyes y abrió las puertas del Departamento de Justicia para que contratara cárceles privadas donde fueron a parar miles de indocumentados.

La administración republicana de George Bush implementó el Programa Streamline, con lo que se dotaba de fondos a los territorios de frontera para su propio programa de justicia… Un programa paralelo que continúa con Obama (Programa Comunidades Seguras o Secom, por sus siglas en ingles), que ha generado dos millones de deportados. Y un informe de 2012 publicado por the Public Interest analizó 62 contratos de gobiernos estatales con las compañías privadas y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80% de las camas, incluso si la criminalidad disminuye. Con estos contratos “comerciales” en vigor… ¿Alguien puede creer en la equidad de la política inmigratoria (y ya de paso, carcelaria) del modelo USA?

Los cuantiosos rendimientos del sistema carcelario privado permiten dudar de que la aplicación de las leyes migratorias (y su propio redactado) no respondan más a rentabilizar las cláusulas de los contratos firmados en esta especial “colaboración público-privada” que a criterios estrictos de justicia. De hecho, nos advierte Rubin, el “negocio” ha llegado a la política, y en especial a un pequeño grupo de ocho senadores que promueven la reforma migratoria.

Así, Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, recibieron cada uno donaciones de $5000 (el límite por contribuyente), de CCA, Geo, sus inversionistas y sus familias, aunque, en realidad, según el Center For Responsive Politics las donaciones a políticos realizadas por la CCA ascenderían a 1.9 millones de dólares y por GEO a 2.9 millones entre 2003 y 2012.

Lo que deberíamos preguntarnos con urgencia es: ¿Llegará también a Europa con el TTIP/TISA la definitiva privatización del sistema penitenciario? Por lo que a España se refiere, y con la posibilidad de que sigan creciendo los imputados y presos de “gama alta”, no hay duda de que son muchos los piratas de lo público los que lo desean.

 

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